Controversias por la actividad del Tianguis del Bienestar y la protección de la propiedad industrial.

El 11 de agosto de este año, la plataforma Twitter sirvió para hacer viral un mensaje relacionado con la propiedad industrial en México, alertando que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a través de las «Subastas INDEP», se encuentra comercializando cinturones y carteras falsas que pretenden ser de las marcas Salvatore Ferragamo, Hermes, Coach, Gucci, entre otras. Los detalles de la subasta que prendió las alarmas en Twitter se encuentran en https://subastasenlinea.indep.gob.mx/Electronica/Pages/DetalleSubasta.aspx?SubastaID=590&LoteID=731.

El INDEP, de acuerdo con su descripción en internet, es el Instituto responsable de administrar los bienes y empresas improductivos para el Estado, y comercializa, dona o destruye los bienes que se reciben como resultado de prácticas indebidas en materia fiscal o de comercio exterior, y en menor medida de procesos federales en contra de actividades delictivas.

Es decir, es una entidad que pone en el comercio distintos productos que el Estado no utilizará y que fueron confiscados, comercializándolos a un precio inferior al que generalmente se encuentran en el mercado.

Se considera que el hecho de que el gobierno mexicano esté comercializando mercancía apócrifa representa una gran contradicción, pues la propia Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tiene por objeto prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo sanciones y penas específicas cuando se violen derechos de los legítimos titulares.

La falsificación de productos es un actividad ilícita que afecta no solo a los comerciantes y titulares de las marcas, sino a toda la economía del país. En cuanto a la actividad del INDEP, la realidad es que cada vez que subasta productos que ostentan marcas falsificadas estamos frente a un caso único y digno de analizar, por las siguientes razones:

  1. Los productos podrían haber sido abandonados sin que el titular de la marca en cuestión decidiera formular querella o iniciar procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, por lo tanto,  si no existe una declaración oficial por parte de la autoridad sobre la autenticidad de los productos, la autoridad no está obligada a destruirlos.
  2. Los productos que llegan al INDEP podrían haber sido decomisados previamente o haber sido parte de la comisión de un delito, y entonces la autoridad responsable sí podría tener la obligación de destruir la mercancía en casos específicos, siendo un acto de ilegalidad la subasta pública por parte de un órgano de gobierno.
  3. Los productos podrían no ser falsificaciones y quizás el legítimo titular de la marca no los reclamó.

Si el gobierno efectivamente subasta productos apócrifos que violentan los derechos de propiedad industrial, sin haber dado la oportunidad a los titulares de marcas de actuar previamente en contra de ello, se estaría fomentando la cultura de consumo de productos «pirata» en nuestro país, cayendo en un claro marco de ilegalidad en México provocado por la propia autoridad.

Antes de que en 2020 se cambiara el nombre al INDEP, era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el encargado de estas subastas públicas (información consultable en https://www.gob.mx/shcp/articulos/que-es-y-de-que-se-encarga-el-sae?idiom=es y en https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/VII/Print.HKA.01.INTRO.pdf).

El propio SAE, creado desde 2002, ya había enfrentado antes acusaciones sobre el mal manejo de productos que atentaban contra la propiedad industrial, por lo que no estamos frente a una problemática nueva. Sin embargo, los especistas en la materia no ignoran la importancia de lo que está ocurriendo y resulta más necesario que nunca observar de cerca la ruta que el actual gobierno de México trazará para que el Instituto comentado actúe.